En dicha causa, Valentín Gamazo solicitó para Largo Caballero -cumpliendo el cometido que le correspondía como Fiscal General de la República- una pena de 30 años de reclusión, que era la que le correspondía al ser acusado de rebelión militar. La Revolución de Octubre fue un alzamiento en armas contra la República que causó más de mil muertos, siendo necesario el empleo del Ejército para sofocarla. Largo Caballero resultó absuelto merced a las presiones ejercidas sobre el Tribunal Supremo, y muy especialmente ante el temor a la reacción de las milicias armadas del PSOE, si resultaba condenado. Por ello Valentín Gamazo presentó su dimisión, al haber quedado probado en el juicio la participación y responsabilidad de Largo Caballero como instigador y organizador de la Revolución de Octubre contra la República.

     En el mes de julio, dando por hecho como toda persona bien informada que el enfrentamiento en España era inevitable, bien por una sublevación militar o por una insurrección revolucionaria, pensó que estaría más seguro en Rubielos Altos en la casa y finca de su esposa Narcisa Fernández Navarro de los Paños a donde se trasladó con toda su familia.

     El 5 de agosto de 1936 fueron asesinados, por milicianos socialistas, cuatro miembros de una misma familia: Marcelino Valentín Gamazo y sus tres hijos, José Antonio de 21 años, Francisco Javier, de 20 y Luis Gonzaga de 17 años.

     Cuando se encontraban en el interior de la vivienda los tres hijos mayores del matrimonio, José Antonio, Francisco Javier y Luís Gonzaga Valentín Fernández, jugando al frontón, se presentaron un grupo de diez milicianos en una camioneta requisada. Tras penetrar en el patio de la vivienda, manifestaron que habían venido para llevarlos a Albacete a declarar. En principio los hermanos se resistían a hacerlo, pero el padre, Marcelino Valentín Gamazo, como correspondía a un jurista que había sido nada menos que fiscal general de la República, les ordenó que obedecieran. Pues al no tener ningún cargo contra ellos, tras tomarles declaración quedarían en libertad.

     Pero en cuanto se alejaron del pueblo los ataron, y tras vejarlos y torturarlos durante todo el día, los asesinaron al día siguiente en un olivar situado en el margen derecho de la carretera que va de Tébar al Picazo. Y fueron tan canallas que los asesinaron de menor a mayor. Primero al pequeño Luis Gonzaga, de 17 años. Luego a Francisco Javier de 20. Después al mayor, José Antonio de 21 años… y finalmente al padre, al que obligaron a presenciar la muerte de sus tres hijos.

     Dejaron los cuatro cadáveres pudriéndose al sol de agosto. Luego pararon en el pueblo de El Picazo a tomar unos refrescos, mientras se jactaban de su “hazaña”.

     Cuando se supo en el pueblo de Rubielos Altos que habían aparecido los cuatro cuerpos tirados en un olivar, se fue a buscarlos.

     Testigos presenciales de aquel momento dramático, relataron que la madre, Narcisa Fernández Navarro de los Paños, fue quitando las mantas que cubrían los cuatro cadáveres, de su marido y sus tres hijos.

     Dos años después de finalizada la guerra, el conductor de la camioneta requisada se encontró por casualidad con uno de los milicianos que estaba trabajando en una obra en Madrid cuando este le pidió fuego. Al dárselo, su cara le resultó vagamente conocida aunque sin poder precisar dónde podía haberla visto antes. Pasados algunos días pudo recordar aquella fisonomía. Era uno de los milicianos que le habían requisado el camión obligándole a trasladarlos a Rubielos Altos de donde se habían llevado a aquel hombre y a sus tres hijos, a los que posteriormente habían matado. Denunciado el hecho a la policía, el sujeto fue detenido y se le formó causa por el múltiple asesinato. Tras el correspondiente juicio, fue condenado a muerte y pagó su crimen ante el pelotón de fusilamiento. Hoy es una más de las “víctimas de la represión franquista” que ha sido elevado a los altares laicos como “mártir de la democracia” por la infame ley de la memoria histórica.

     El resto de la partida de facinerosos logró eludir su responsabilidad. Y hoy también son acogidos con amorosos brazos en el artículo 2, Reconocimiento general, de la ley 52/2007 donde tras establecer en el punto uno el carácter radicalmente injusto de todas las condenas dice en el punto tres: así mismo se reconoce y declara la injusticia que supuso el exilio de muchos españoles durante la Guerra Civil y la Dictadura.

     Según el relato del conductor del camión que estaba presente y luego fue el principal testigo de cargo en el juicio habido contra el único que pagó con su vida el crimen, el padre de los tres hijos pidió que le disparasen primero a él. Bien fuera para no presenciar la muerte de sus hijos, o tal vez con la esperanza de que con su muerte tuvieran suficiente y respetaran la vida de sus hijos. Esta petición, en lugar de moverlos a compasión, fue precisamente la que les dio la idea para la crueldad suprema. Procediendo a darles muerte en orden inverso a sus edades. Empezando por el más pequeño y finalizando con el padre, al que obligaron así a presenciar la muerte de sus tres hijos.

     Todo parece indicar que entre los milicianos socialistas pertenecientes al pueblo de La Jara que cometieron el cuádruple asesinato, figuraba alguno llegado expresamente desde Madrid. La larga mano del “Lenin Español” había tomado sus providencias para hacerle pagar, al que fuera Fiscal General de la República, la osadía de acusarlo en la causa que se había seguido contra él. Acusación ejercida en defensa de la República. Un caso más de la verdadera memoria histórica, que el PSOE y la izquierda pretenden ocultar.