En Cataluña, la comunidad islámica procedente de Marruecos vive en un 80% de ayudas sociales. La cantidad mensual media percibida por esta comunidad islámica de los fondos públicos españoles es de 600 €/mes por persona. Actualmente, más de 7000 de los perceptores de esa ayuda, ni siquiera viven en Cataluña, sino en Marruecos, a donde se les envía el dinero puntualmente cada mes, pero Cataluña no es una excepción.

    La situación no es mejor en las Vascongadas que por añadidura, disfrutan de un concierto económico injustamente favorable al resto de los españoles, de tal suerte que un integrista islámico condenado a tres años y medio, cobraba la renta de garantía de ingresos que son 625 €/mes, además de otros 250 €/mes de alquiler de vivienda y los 875 €/mes los siguió cobrando desde su detención hasta su ingreso en prisión.

   En la Comunidad de Madrid, el 76% de las ayudas para el alquiler durante el año 2016, fueron destinadas a personas no españolas, las tres cuartas partes de necesitados eran extranjeros y en su mayoría procedentes de países islámicos y por si fuera poco, esos mismos musulmanes fueron los perceptores de las ayudas más elevadas, cifradas entre los 1000 y los 2000 euros al mes. Hay que añadir que en España 100.000 extranjeros cobran una pensión no contributiva a pesar de no haber contribuido ni cotizado jamás, disfrutan de unos ingresos adinerados y en esta línea, al paso del tiempo, se precisará regularizar y atender con recursos económicos a 100.000 ilegales más.

   Aunque sean ilegales, los hijos de extranjeros tienen preferencias sobre los españoles a la hora de percibir becas de comedor, plazas en una escuela infantil y por supuesto, la sanidad gratuita. Todas las ayudas oficiales se suman a las recibidas de instancias como Cáritas, el Ejército de Salvación, la Misión Urbana Evangélica, limosnas en las puertas de iglesias cristianas católicas, en las puertas de supermercados y otras semejantes que proporcionan comida ropa y otros enseres a los extranjeros ilegales, ya que los extranjeros que llegaron a nuestra España, se comprende deben ser tratados con decencia y dignidad, porque resulta absolutamente intolerable que por el hecho de ser extranjero, una persona sea objeto de malos tratos o de conductas en las que se lesione su dignidad y de manera semejante, es más deseable que el mecanismo legal de inmigración funcione adecuadamente para bien, tanto de los inmigrantes como de los ciudadanos de la nación que los acoge, sin embargo, esos principios, si bien son un criterio razonable, nada que ver con el absoluto descontrol que sufre España en materia de inmigración ilegal desde principios de este siglo XXI, soportando otra muy diferente gracias a los sucesivos gobiernos de todo signo o ideología, tanto nacionales, como regionales y municipales, supuestamente en favor del bien común y de los intereses de la nación en su conjunto, pero sometidos a los dictados de lo políticamente correcto, permitiendo que se creara una situación intolerable e insostenible impulsada por distintos colectivos que han visto en ese descontrolado panorama, una vía de promoción y prosperidad personal.

   Los frutos de semejante actitud de ignorancia manifiesta no pueden resultar más evidentes y despectivos, los españoles no tienen asegurada una pensión digna a pesar de haber contribuido durante décadas, pero decenas de miles de extranjeros ilegales la perciben sin haber cotizado ni siquiera un solo día, los españoles nacidos en España no tienen asegurado que sus hijos recibirán becas de comedor, pero los hijos de los extranjeros que accedieron a este país de forma ilegal sin documentación, las reciben de manera mayoritaria y a veces exclusiva, los españoles no tienen la menor seguridad en recibir una atención sanitaria digna a pesar de pagarla, pero centenares de miles de extranjeros ilegales pasan las fronteras sin control para recibirla de manera gratuita, lo mismo si entran por Ceuta y Melilla como si vienen del otro lado del océano Atlántico o de países orientales, los españoles no consiguen acceder a una vivienda digna acosados por los bancos con las hipotecas, porque las ayudas de vivienda van a parar de manera aplastantemente mayoritaria a extranjeros indocumentados que residen y de manera ilegal en España, los españoles no paran de pagar unos impuestos injustos, desorbitados o desproporcionados con sus salarios fruto de su trabajo, para no percibir apenas servicios que los justifiquen, pero los extranjeros ilegales, en decenas de miles de casos reciben esos servicios sin haber contribuido al más mínimo mantenimiento de la nación.

   A algún lector le parecerá estas situaciones normales e incluso deseables, otras personas ignorantes, incluso las contemplarán como una muestra clara de que España es una nación avanzada, democrática y solidaria, cuando semejante panorama social es una muestra más de incultura política, de medios de comunicación y de las fuerzas sociales que solo miran por sus propios intereses y no por el bien común de todos los españoles, cuando los resultados no solo son pésimos, sino que preconizan una terrible tragedia para dentro de pocos años.