El éxito de la coalición contra Espartero instaura en el poder a los moderados, encabezados primeramente por González Bravo y más tarde, por Narváez, etapa durante la cual se sustituye la Constitución de 1837 por la de 1845, se crea el consejo real, se funda la Guardia Civil y se adoptan diversas medidas de signo conservador y represivo en lo tocante a lo económico. En 1846, la reina contrae matrimonio con su primo el infante Francisco de Asís. En 1848 trascienden a Europa entera los ecos de la revolución parisina de dicho año, que dan estímulo a los grupos avanzados españoles. Narváez no sólo tiene que enfrentarse a estos y a Espartero que ha regresado a España, sino a un tenebroso ambiente palatino agrupado en torno del confesor de la reina, P. Fulgencio, la «monja de las llagas», sor Patrocinio y otros personajes cortesanos que son deportados en 1849. Siguen varios gobiernos presididos por patricios moderados como Juan Bravo Murillo (1851), el conde de Alcoy (1852), Lersundi (1853) y el conde de San Luís (1853). En junio de 1854 estalló la revolución progresista y tras estériles intentos de imponer el orden, fue preciso llamar a Espartero para que presidiera el gobierno (julio de 1854). Fue vuelta a armar la milicia nacional de signo progresista, que era respaldo de tumultos populistas y comenzaron a surgir brotes de republicanismo. En 1856 se redacta una nueva constitución de contenido progresista, que no llega a promulgarse. Dentro del mismo año, la reina resuelve la incompatibilidad entre Espartero y O'Donnell, encargando a éste de formar gobierno. O'Donnell se propone la coalición de todos los partidos legales creando una plataforma común con el nombre de Unión Liberal.

     La anotación rápida de tan contradictorios y veloces cambios políticos teñidos en la mayoría de los casos de un acentuado colorido personalista, cuando no se debían a inconfesables maniobras de negocios, no debe dejar en la sombra las decisivas modificaciones que mientras tanto iban ocurriendo en el cuerpo social español. Una de las más grandes es la desamortización que afecta. por decreto de Mendizábal en 1836 a las propiedades de las comunidades e instituciones religiosas. las cuales son confiscadas y puestas en subasta con el pretexto de favorecer a los labradores. En realidad, quienes acudieron a las pujas eran capitalistas que se apoderaron por poco precio de las fincas eclesiásticas. Las operaciones desamortizadoras continuaron en los años siguientes y se ampliaron a los bienes de propios y comunes de los pueblos, así como predios municipales y del estado, órdenes militares, restos de bienes eclesiásticos, etc., cuya liquidación se decretó siendo ministro Pascual Madoz en 1855. Unos concordatos de 1851 y 1859 resolvieron el conflicto jurídico creado por la expropiación de bienes del clero. Aparte de procurar aportar bienes al erario, los gobiernos desamortizadores se proponen también crear un estamento de partidarios con los compradores que hayan adquirido las fincas en las subastas, los cuales desearán lógicamente la continuidad del régimen político que se las ha proporcionado. Quien no obtuvo beneficio alguno de aquella alteración de su estructura, fue el agro español, donde el latifundismo quedó robustecido y no se operó, en definitiva, más que un trastrueque de propietarios, desplazando al clero, nobleza y municipios, por otros surgidos de la burguesía adinerada.

     Durante la menor edad de Isabel II se había efectuado otra relevante innovación en la máquina del estado, como fue la reforma tributaria de Mon-Santillán en 1845, que representa el primer paso importante hacia la unificación tributaria del país y la orientación de la fiscalidad hacia el consumo. La reforma es muy tímida en punto agravar la industria y el comercio y se concentra sobre los inmuebles, cultivos y ganadería, esbozando, con la implantación de un tributo sobre inquilinatos, cierta intención de comenzar a controlar las rentas de las personas, la cual creó tanta alarma que el impuesto fue suprimido al año siguiente. Tras haberse promulgado en 1829 el primer Código de Comercio, rigió cierto criterio restrictivo sobre la creación de sociedades anónimas, las cuales necesitaron cumplir requisitos complejos. En 1834 se promulgó una ley de libertad de industria, que suprimía las últimas cortapisas gremiales. Un real decreto de 1847 vino a exigir autorización gubernativa para fundar sociedades y en el año siguiente se dictó una ley de sociedades anónimas que requería un real decreto para autorizar cada una. Estas dificultades no impiden que florezcan las Bolsas españolas y que en ellas se puedan dar sucesivas fases de euforia y depresión, subrayadas por repetidas crisis que producen la ruina de millares de especuladores. Es notoria la implicación de figuras políticas en estas operaciones, las relaciones de solidaridad y repulsión que alternativamente se dieron como por ejemplo entre José de Salamanca, banquero y ministro de Hacienda en 1847 y el general Narváez, tienen motivaciones de este tipo.

     Al segundo gobierno del general O'Donnell (1858-1863), corresponde la campaña librada en Marruecos para hacer frente a unas agresiones de sus cábilas contra la plaza de Ceuta. La guerra contra aquel reino fue declarada en 1859 y tuvo como principales episodios las batallas de los Castillejos y de Wad-Ras y la toma de Tetuán, a la que no tardó en seguir la paz firmada en esta misma ciudad en 1860. En esta misma época es incorporada pasajeramente a España la isla de Santo Domingo (1861), porque así lo solicitó. También en 1861 se desarrolla una expedición española a México junto con tropas francesas e inglesas, para cobrar la deuda que aquel país había contraído con estas potencias desde la independencia. El general Primo que manda los efectivos españoles, advierte al llegar allí que la campaña no tiene viabilidad y se niega a apoyar las pretensiones francesas de instaurar al emperador Maximiliano de Habsburgo en México, por capricho imperialista de Napoleón III y regresa a España con los suyos, salvándoles del desastre de que fueron víctimas el pretendiente y sus seguidores.

     El poder oscila entre O'Donnell y Narváez, máximas figuras de la versión moderada del liberalismo. Gobernando el último en 1865, ocurre en Madrid la llamada noche de San Daniel, tumulto nacido de una bullanga universitaria que acaba interesando a amplias multitudes coléricas. En estos mismos años, España se enfrenta a Perú, donde en 1864 habían sido agraviados unos inmigrantes vascos y a Chile, que hizo causa común con aquel. En 1865 Chile declara la guerra a España y apresa a la goleta española Covadonga. La armada reaccionó enviando a Méndez Núñez, que bombardeó Valparaíso y ganó el combate del Callao en 1866.

     La época es en lo económico de profunda crisis y no escasean las razones de desprestigio para la familia real y los políticos, por lo cual se extiende en el país un clima de protesta al que se suman algunas figuras militares como Prim desde 1866. En Madrid los generales Pierrad y Contreras, se ponen al frente del motín de los artilleros del cuartel de San Gil, a los que se unen paisanos y otros soldados. Aunque O'Donnell logra vencer la insurrección. ha de ceder la presidencia a Narváez, quien reprime con excesivo rigor a los discrepantes. La muerte de los dos generales, la del primero en 1867 y la del segundo en el año siguiente, dejó a la corona y al sistema sin sus apoyos más vigorosos, e indefensa ante la hostilidad de otros muchos militares. Se hizo cargo del gobierno González Bravo, el cual quiso reprimir a éstos, desterrando a Serrano y otros jefes de relieve, pero la subversión era ya imparable y estalló el 18 de septiembre de 1868 en Cádiz, donde el almirante Topete sublevó a la flota y Serrano al ejército. Las tropas, engrosadas por gran número de paisanos, marcharon sobre Madrid y derrotaron en el puente de Alcolea a las realistas, mandadas por el general Novaliches, por lo que Isabel II salió de España el día 26.

     Durante el reinado de Isabel II se había desarrollado una valiosa obra de expansión cultural, se instituyó el Museo de Ciencias Naturales, la Junta de Estadística, el Consejo de Instrucción Pública, la Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, la Academia de Ciencias Morales y Políticas, escuelas de Bellas Artes y otras muchas de enseñanza primaria. Se adoptó en este tiempo el sistema métrico decimal. Debe resaltarse también que fue prácticamente dentro de este reinado cuando quedaron planteadas en su forma actual las redes de ferrocarriles y de carreteras. A partir de la primera línea férrea de la península, la de Barcelona-Mataró inaugurada en 1848, reina una euforia extraordinaria para la proposición. proyecto y construcción de ferrocarriles. La ausencia de una planificación y una normativa serias, permite los más variados malabarismos financieros, de los cuales no tardan en sacar partido los grupos capitalistas extranjeros, especialmente franceses, que emprenden la construcción de las líneas principales dentro de las compañías de Madrid-Zaragoza- Alicante, Norte de España y Andaluces. La ley de ferrocarriles dictada en 1855 contuvo una disposición funesta para la industria española, como fue el permiso a aquellas compañías de importar libremente el material, lo cual privó a nuestras empresas de una excelente ocasión de desarrollo. El desorden y la deshonestidad con que fueron construidos los ferrocarriles, se tradujeron también en irremediables equivocaciones, como la adopción de un ancho de vía distinto del de Europa y la concepción de un sistema radial que hace converger en Madrid todas las líneas fundamentales, dejando sin atender la mayoría de las rutas laterales.