Refractario al trato con personalidades de capacidad y prestigio, Fernando VII maneja los asuntos públicos en estos años con ministros y consejeros de escasas luces removidos muy a menudo y se vale del asesoramiento de la llamada «camarilla», una tertulia formada por figuras muy variadas con la única nota común de la falta de escrúpulos. En este grupo logra inmiscuirse el embajador de Rusia Dmitri Pávlovich Tatischef, el cual se propone atenuar la influencia inglesa en España y acentuar la de su propio imperio. Dentro de los tratos, no siempre transparentes, que zurce con Fernando VII, figura la venta por Rusia a España de diversos buques de guerra que el rey se propone destinar a reprimir los movimientos independentistas de América. Los barcos son pagados con el dinero abonado por Inglaterra a España como indemnización para que suprima la esclavitud en Cuba en cumplimiento del acuerdo del congreso de Viena de 1815 y en orden a que se aboliese la trata de negros. La sublevación de las tropas de Riego que tenían que embarcar en ellos y el propio deterioro que padecieron los navíos en España, los hicieron inútiles.

     Esta rebelión de Riego producida el 1 de enero de 1820 en Cabezas de San Juan, había tenido por precedentes las conspiraciones y amotinamientos de Mina, Porlier, Richart, Pidal y Beltrán de Lis. Numerosas poblaciones españolas secundaron el movimiento de Riego y el rey se vio obligado a restaurar la constitución, convocar cortes y abolir la Inquisición, con lo cual comienza el llamado Trienio Liberal. Se ha estimado que en este trienio la burguesía emprende la conquista del poder político. Se registra al comienzo de tal fase una viva euforia en los negocios correlativa al despego que los nuevos gobernantes sienten por los problemas del proletariado. En diversas ciudades ocurren motines obreros, tales como el asalto a las fábricas de Alcoy en 1821 y los tumultos de Cádiz, Murcia y Cartageua; en Valencia los presidiarios se adueñan de la calle y asaltan las casas de los ricos. El éxito del régimen liberal se ve además coartado por una serie de adversidades tales como sequías, epidemias, crisis del comercio exterior, malas cosechas. Los gobernantes se exasperan y toman medidas desmesuradas y a veces tan duras y represivas como las de las de la etapa anterior. Se comienza a hablar de desamortización de los bienes eclesiásticos y el diputado Evaristo San Miguel propone incluso que sean repartidos entre los pobres. Vuelven a ser expulsados los jesuitas, se cancela el fuero eclesiástico y son castigados implacablemente diversos actos de rebeldía (fusilamiento de frailes conspiradores en Mora de Ebro).

     La repulsa contra estos excesos y las penurias económicas se coagula en un movimiento consolidado: la sublevación integrista que se produce en Cataluña donde se forma una regencia en Seu d'Urgell que pretende que el rey está secuestrado por los liberales que el propio Fernando VII apremió a la eliminación de este grupo. Desde 1817 había comenzado a manifestarse el efecto de la cesación de envíos de metales preciosos de América. Los ingresos del estado van reduciéndose y es preciso compensar con tributos más elevados las mermas que se experimentan en las restantes fuentes. Destacando entre diversos ministros de Hacienda mediocres Martín Garay que había logrado en 1816-1817 un esbozo de plan de mejora de la situación del erario, proponiéndose comenzar a gravar con tributos directos a la propiedad, idea que continuaron los liberales. Con todo ello, la crisis de la hacienda causante de la crisis del estado, no podía ser remediada con experimentos incompletos y persistió por debajo de la reforma de 1845, durante todo el siglo XIX sirviendo solo para resolver apuros ocasionales las operaciones emprendidas por los gobernantes del Trienio Liberal, vendiendo bienes de diversos conventos, agravando los aranceles y la contribución rústica y emitiendo ampliamente deuda pública. El comienzo de algún arreglo más profundo y duradero de la hacienda vendría con el. ministro Luís López Ballesteros, el cual comienza su actuación cuando se acaba de restaurar el régimen absolutista a finales de 1823. López Ballesteros sentó los fundamentos de una hacienda profesional izada y tecnificada, aspiró a sanear la deuda pública y auspició el Código de Comercio de 1829 y la fundación de la Bolsa de Madrid y el Banco de San Fernando que sustituyó al de San Carlos.

     Fernando VII se propone aprovechar la fatiga que han creado en el pueblo las dificultades económicas y el crispamiento de la acción liberal y acentúa las apelaciones que probablemente nunca dejó de ejercer a las potencias conservadoras de Europa. Estas se reúnen en el congreso de Verona (1822) y acuerdan intervenir en España para derrocar el liberalismo y apoyar al rey, encomendando a Francia que sea ella la que ejecute militarmente la operación. Así lo hace enviando al duque de Angulema con un fuerte ejército que será conocido en lo sucesivo como «los Cien Mil Hijos de San Luís». Con él atraviesa España y toma Cádiz donde se habían refugiado las cortes llevando consigo al rey. Este es liberado por los franceses y comienza en seguida a ejercer de nuevo el poder absoluto declarando nulos todos los actos del gobierno liberal desde 1820. Comienza al punto una nueva persecución cruel contra los adictos a aquel régimen, de la cual es símbolo la ejecución en la horca de Riego y el famoso guerrillero El Empecinado. En el gobierno se manifiestan dos grupos, el de Zea, más moderado y templado, que no desea extremar la represión. y el de Calornarde, oscurantista intransigente que exige restaurar la Inquisición, cosa que el rey no aprueba. En el lugar de ésta se instituyen unas llamadas «Juntas de Fe», que practican una serie de actuaciones represivas. En estos últimos años de reinado, el rey se aproxima a las posiciones de la burguesía, distingue y favorece a algunos intelectuales liberales, efectúa un significativo viaje a Cataluña para simpatizar con sus núcleos económicos y toma algunas medidas encomiables de protección en la cultura, como la fundación del Museo del Prado, a base de la galería real de pinturas. Con todo, siguen registrándose numerosos actos de feroz persecución de los liberales, entre los cuales se ha hecho simbólico el caso de Mariana Pineda (1831). El entibiamiento de las actitudes del rey se ha atribuido en parte a la influencia de su cuarta y última esposa María Cristina de Nápoles, con la cual se casa en 1829. Por su iniciativa se promulga una pragmática sanción que resucita oficialmente el auto acordado de Carlos IV por el que se abolía la ley sálica quedando así abierta la sucesión a las mujeres, cambio motivado por el nacimiento en 1830 de una hija. Isabel, luego segunda de este nombre.