El profesor Palacio Atard ha resumido el anterior proceso en la forma siguiente: «El cambio se opera desde la legalidad anterior utilizando para la reforma los instrumentos legales de aquella. Es lo que se concretó en la fórmula «de la ley a la ley». La iniciativa para la puesta en marcha de estos instrumentos legales de autorreforma correspondía a la más alta institución del Estado. En el sistema de las leyes fundamentales, sólo la monarquía disponía de poderes para iniciar el proceso de autotransformación. La capacidad que atribuían a la Corona esas leyes fundamentales se aúna con la voluntad del Rey para que se lleve a cabo el proceso de cambio. Durante los veinte meses que transcurren entre el 22 de noviembre de 1975 y el 22 de julio de 1977, el Rey ejerce los poderes que tiene atribuidos por el sistema constitucional vigente hasta que hace dejación de ellos a favor de la soberanía del pueblo español, lo que ocurre de hecho al reunir las Cortes que se proclamarán constituyentes, aunque de derecho, los conservará hasta la promulgación de la nueva Constitución el 27 de diciembre del 1978. La ejecución del designio del Rey se hace posible gracias a los apoyos institucionales y sociales que logra conjugar. En todo momento cuenta a su favor con el apoyo institucional de las Fuerzas Armadas, que como garantizadoras legales del orden constitucional dan al rey un sólido respaldo en unos momentos iniciales en que el monarca no disponía de muchas lealtades incondicionales. Cuenta también con el apoyo de los sectores reformistas que habían surgido en la clase política del anterior régimen, a los que el Rey conseguirá situar en posiciones institucionales operativas. Para llevar a cabo el programa de reformas, los nuevos hombres de gobierno, contactaron y en ocasiones negociaron a dos bandas, con los hombres e instituciones que formaban el soporte del régimen anterior a fin de vencer sus resistencias o lograr su asentimiento y con las oposiciones situadas al margen de la legalidad para incorporarlas sucesivamente a la tarea de alcanzar el objetivo propuesto y por la vía emprendida».

     Uno de los primeros actos del gobierno de Adolfo Suárez fue el otorgamiento de una amplia amnistía por acuerdo del consejo de ministros de 28 de julio de 1976 y presidido por el Rey. Este gesto se extendió mediante un real decreto-ley de 14 de marzo de 1977 que abarcó al mayor número de personas y finalmente, se llegó a la amnistía total mediante ley de 15 de octubre de 1977. En los días 5 a 8 de diciembre de 1976 celebró en Madrid su XXVII congreso el PSOE dentro de cierto clima de división entre los sectores izquierdistas, parte de los cuales propugnaban la abstención ante el proceso reformista cuya legitimidad democrática discutían.

     En el orden económico volvió a presentarse el fantasma de la inflación sobre todo entre 1975 y 1978 y para reducirla, el gobierno sometió a restricciones la operativa bancaria por medio de variaciones en el coeficiente legal de caja. El 11 de noviembre de 1977 se creó el Fondo de Garantía de Depósitos para prevenir crisis de los establecimientos de créditos. El gobierno presidido por Adolfo Suárez se proponía tener holgura de acción para desarrollar un programa de saneamiento y reforma económica y acometer la reducción del paro obrero y la reforma fiscal y con tal fin, buscó el consenso con los demás partidos políticos parlamentarios y lo obtuvo en los «Pactos de la Moncloa» suscritos el 25 de octubre de 1977. El parlamento estudió y aprobó luego este convenio generado fuera de él con participación de sectores sociales. En el mismo año 1977 se percibió una crisis especialmente aguda en el balance siderúrgico nacional, continuando un decaimiento comenzado en 1974 que, hacía preciso tomar urgentes medidas. El consumo que había sido de doce millones de toneladas en 1974, pasó a poco más de nueve millones en 1977. Aun así, en 1978 se logró un nivel de reservas de divisas de más de diez mil millones de dólares, un aumento del 3 por ciento en el producto interior bruto y un nivel de inflación del 16'5 por ciento, inferior a pesar de todo, al temido, puesto que en 1977 había sido del 26'4. Los niveles de paro alcanzaron cotas preocupantes superiores al millón de personas. La preocupación por contener la inflación siguió inspirando reuniones estamentales de empresarios y obreros, las cuales generaron en 1981 el acuerdo marco confederal. Aunque correspondan a épocas posteriores, reseñaré ahora y dentro de esta misma órbita, el acuerdo nacional sobre empleo, el acuerdo interconfederal de 1983 y el acuerdo económico y social que fue publicado en el BOE de 12 de octubre de 1984. En el mismo año 1981 se promulgó el decreto de reconversión de la siderurgia integral.

     Una vez aprobada la Constitución en diciembre de 1978, procedió desarrollar el proceso autonómico previsto en ella. Se mencionan en ella las denominadas comunidades autónomas históricas, Cataluña, País Vasco, Galicia y se manifiesta el derecho de todas las regiones españolas a alcanzar la autonomía estableciendo dos caminos para ello, el del artículo 143 y el artículo 151 que difieren en las competencias asumidas, pues son más amplias por la vía del segundo. Durante los años 1978 y 1979 hubo serias tensiones en diversas regiones españolas acerca de esta tramitación y de la idoneidad de uno u otro artículo para su caso particular. Para obviar las inquietudes que traía este debate, UCD determinó en 1980 que las autonomías que se establecieran desde entonces, deberían iniciarse por la vía del artículo 143. Capítulo aparte formaban las autonomías estimadas como de base histórica, las cuales contaban ya con estatuto propio, el de Cataluña y Euskadi había sido aprobado por leyes de 18 de diciembre de 1979 y el de Galicia, lo sería por ley de 6 de abril de 1981.

     En mayo de 1980 el presidente Suárez anunció los tres principios que guiarían el proceso autonómico, los cuales fueron aprobados por el Congreso y que eran el principio de generalidad, por el cual todas las regiones eran consideradas con derecho a convertirse en comunidades autónomas, o el de homogeneidad, que les atribuía similares competencias e instituciones de autogobierno y el de solidaridad, saliendo al paso de la eventualidad de que aquel proceso consagrase las desigualdades regionales españolas. Para encarrilar la evolución regional según estos principios se arbitrarían los mecanismos contenidos en las leyes orgánicas de financiación del proceso autonómico y su armonización (LOFCA y LOAPA) promulgadas en 1980 y 1982 respectivamente y se crearía el fondo de compensación interterritorial. Continuaría empero, una prolija y difícil negociación entre las comunidades autónomas y el estado a propósito de las competencias de aquellas y los recursos financieros que el gobierno central les proporcionaba para atenderlas. En su libro "La transformación de España", publicado en 1986, David Gilmour expresa: «Los que han visitado España durante los últimos años tienen que haberse sentido sorprendidos por la actitud de los españoles ante la nueva democracia. Sin duda habrán encontrado a gentes que afirman que han cambiado demasiadas cosas, inevitablemente a peor y otras que se lamentan de que no ha cambiado nada y dicen que España sigue siendo un estado franquista. Desde 1979 se ha menospreciado sistemáticamente la labor de Suárez, personas que creían que era imposible reformar el franquismo, después declaraban que en realidad había sido muy fácil. Y afirmaban que, lo que hubiera debido ser una maniobra sencillísima, se había complicado desastrosamente. Tal vez los españoles parezcan excesivamente fríos e indiferentes hacia su democracia, sin embargo, su escepticismo y su falta de confianza no están del todo injustificados. La transición fue un proceso extraordinario y casi milagroso y hay que reconocer esta verdad antes de hacer crítica alguna. No obstante, el milagro tuvo sus defectos y el desencanto de la gente fue provocado en gran medida por los fallos de los políticos. Entre 1976 y 1979 los políticos españoles levantaron con gran habilidad la estructura de la democracia, evitando los errores de la segunda República, construyeron sobre una base sólida, insistiendo en que sus leyes e instituciones serían las que deseara la gran mayoría del pueblo español y Suárez fue muy criticado, a veces con razón, por su palmario pragmatismo. No obstante, en 1976 era un pragmático -no un estadista de principios mutables- lo que necesitaba el país. Bastante ha sufrido España por causa de los que no reconocen más principios que los propios».

     Después de haber sido aprobada la Constitución, fueron disueltas las Cortes y se anunciaron elecciones legislativas para el 1 de marzo de 1979 y provinciales y municipales para el 3 de abril. No se registraron grandes cambios en la composición del Parlamento. Semejantes fueron las proporciones de sufragios que obtuvieron los diversos partidos en las elecciones locales. Con predominante preocupación por el tema de la inflación y los salarios, el Gobierno anunció en agosto de 1979 un plan económico en el cual se aspiraba a conciliar la contención de la oferta monetaria con el estímulo a la actividad empresarial, al tiempo que se luchaba contra el paro causado por la recesión general. También comenzó a organizarse un régimen más severo de control fiscal y se deseó que la obligación de tributar alcanzase cada vez a más sujetos y operaciones. A finales del mes de julio fue aprobado un plan energético que incluía una amplia cuota de energía de origen nuclear. Dentro del año 1980, las polémicas acerca del curso del proceso autonómico alcanzaron, sobre todo en Andalucía, vivo apasionamiento, que fue aprovechado por la oposición socialista para censurar la acción de Gobierno, la cual se situó en uno de los puntos más bajos de popularidad que había conocido hasta entonces. Por esta razón, Adolfo Suárez formó nuevo gobierno, el quinto, el 8 de septiembre y se esforzó por obtener el voto de confianza en las Cortes que la oposición le facilitó a cambio de que se acelerara la tramitación de las autonomías.

     En su ya citado libro "La transformación de España", David Gilmour comenta el problema de la diversidad de vías de acceso de las regiones a la autonomía, indicando: «En general, no era difícil distinguir entre una nacionalidad histórica como Cataluña y una región como Extremadura» y dice también: «Probablemente, Galicia tiene tanto derecho a ser considerada nacionalidad como cualquier otra parte de España. Tiene su propia lengua, el gallego, su propia cultura, un área geográfica claramente definida y una economía relativamente independiente». Alfonso Castelao, apóstol del nacionalismo gallego, describió al idioma gallego como «hijo del latín, hermano del castellano y padre del portugués». «Durante los últimos años -añade-, el nacionalismo gallego ha sido un movimiento más cultural que político. Existen numerosos partidos gallegos, pero todos son pequeños y no han conseguido buenos resultados en las elecciones, ni siquiera en las municipales, ni en las autonómicas.» Acerca de Andalucía, expresa Gilmour que «es una parte tan extensa e importante de España que la idea de que pueda tener un carácter no ya regional sino nacionalista parece extraña. El nacionalismo andaluz utiliza símbolos folklóricos e históricos, pero es menos un movimiento nacionalista que una protesta por la explotación económica de que la hizo víctima el resto de España. Al principio del siglo XX, surgió un pequeño movimiento nacionalista inspirado en gran medida por el poeta Blas Infante». El ideario de Infante fue adoptado por un movimiento andalucista que en 1976 se concretó en el Partido Socialista de Andalucía (PSA), el cual, en sucesivas elecciones no prosperó.

     Dentro del desenvolvimiento del proceso autonómico como problema, fue notoria la frialdad de los nacionalistas vascos respecto del Gobierno. El 31 de diciembre, el Gobierno acordó devolver a la autonomía vasca las facultades tributarias que había disfrutado antes de la guerra. El drama del terrorismo había continuado en los años anteriores y seguía a un ritmo tan encarnizado que se estimó que en el curso de 1980 se producía un asesinato cada tres días. El Parlamento aprobó el 29 de octubre una nueva ley antiterrorista para intentar hacer frente a tal calamidad sin contar en ello con el voto del PNV. Sin embargo, destacados políticos vascos participaron días después en manifestaciones contra la violencia celebradas en su país. El 10 de abril, España y el Reino Unido firmaron en Lisboa una declaración propiciatoria de negociaciones para la solución del problema de Gibraltar y también continuaron las sostenidas con la Comunidad Económica Europea a propósito del ingreso de España en ella.

     La fatiga que los problemas de las autonomías, del terrorismo y la marcha de la economía, produjeron en el presidente Suárez, le llevó a dimitir el 29 de enero de 1981 tanto de la jefatura del gobierno como de la UCD. No fueron ajenas tampoco a tal decisión las tensiones causadas por el anuncio de la ley de divorcio. Fue designado para sustituirle Leopoldo Calvo Sotelo, quien no obtuvo la necesaria mayoría absoluta en la sesión de investidura del 10 de febrero. Celebróse otra sesión el 23 del mismo mes para repetir el debate y en tal momento el Congreso fue invadido por un grupo de guardias civiles bajo el mando del teniente coronel Antonio Tejero, el cual anunció que en breve llegaría una autoridad militar para hacerse cargo del Gobierno. Mientras tanto, el capitán general de Valencia teniente general Milans del Bosch, declaró el estado de guerra en dicha región y tomó la ciudad de Valencia con sus tanques. El rey ordenó a los demás capitanes generales y también al de Valencia que se mantuvieran quietos y tranquilizó al país permitiendo así la preservación de la paz democrática. El golpe de Tejero fue reprimido y tanto él como Milans del Bosch y otros implicados fueron detenidos y procesados. A comienzos del mismo mes de febrero, don Juan Carlos había visitado el País Vasco y en éste, continuaron durante el año los asesinatos y violencias terroristas.

     El interés de España por incorporarse a la OTAN fue manifestado por el presidente Calvo Sotelo en Alemania durante una visita efectuada en abril. La oposición socialista objetó que la cuestión fuese aplazada hasta después de las elecciones de 1983 y sometida a referéndum. Semejantes reticencias en dirección contraria, promovía en el exterior el tema del ingreso español en la CEE, donde Francia capitaneaba a diversos sectores refractarios a una entrada española que no estuviera sujeta a considerables demoras y condicionamientos.