Primo de Rivera, antes de partir de Barcelona, repite con el mayor énfasis que Cataluña no tiene nada que temer del nuevo gobierno. La realidad no tarda en ser muy distinta porque apenas instalado en Madrid, uno de los primeros actos de Primo de Rivera consiste en prohibir la lengua catalana en usos públicos y la enseña del país para comenzar la represión contra las actividades de centros e instituciones catalanes. Parecida hostilidad se muestra contra los demás nacionalismos, máxime cuando éstos tienen connotaciones izquierdistas. Se implanta además una censura rigurosa de prensa y la prohibición de manifestaciones públicas. Las cortes son disueltas y se hace patente que el poder no tiene intención próxima de convocar otras. Son intervenidos los archivos de la comisión que estaba investigando las responsabilidades a propósito de Marruecos y queda patente que el dictamen de la misma estaba a punto de publicarse cuando se registró el golpe de Primo de Rivera, lo cual acaba de aclarar la aprobación con que miró el rey inicialmente este pronunciamiento. En el mes de noviembre de 1923, Alfonso XIII y Primo de Rivera efectúan un viaje a la Italia fascista, en cuyo transcurso se expresa en múltiples ocasiones la afinidad de fondo y de propósitos de ambos regímenes.

     A propósito de Marruecos, el dictador tenía ideas muy frías y desengañadas, que chocaron con las de la oficialidad en campaña cuando visitó el territorio y dio a entender que era partidario de soluciones entreguistas a pesar de la animosidad de los militares de vocación africana, Primo de Rivera diseñó y mandó en 1924 una operación de reducción del terreno ocupado y retroceso hasta una línea mínima de protección de Ceuta y Melilla. Al propio tiempo, hizo notar en la Península que recogía la fatiga y escepticismo con que la opinión miraba la empresa africana y que se proponía reducir los gravámenes de todo tipo que esta reportaba. El curso de los acontecimientos cambia cuando en 1925 el caudillo rebelde Abd el-Krim comienza a atacar la zona francesa de Marruecos, lo cual propició la colaboración franco-española para reducir la rebelión rifeña que en otro tiempo había podido contar con simpatía y apoyo franceses. Una vez puestos de acuerdo los gobiernos de Madrid y París, se preparó una operación de gran estilo en la que intervino el mariscal Pétain, así como el acorazado París y otros navíos franceses además de los españoles y que consistió en el desembarco en Alhucemas el día 8 de septiembre como ataque decisivo contra el núcleo de la rebelión rifeña. Al cabo de un mes de limpieza del territorio, Abd el-Krim hubo de entregarse a los franceses que más tarde lo enviaron a la isla de La Reunión. Hasta 1927 no terminó la pacificación completa de la zona española de Marruecos, pero los peligros que ésta había ofrecido en el pretérito, podían darse por enteramente superados.

     En esta época de plenitud, Primo de Rivera acaso sintió deseos de retirarse del poder, pero una amplia masa de opinión acudió a respaldar sus logros y exhortarle a que continuase en su ejercicio aplicándose a la solución de las cuestiones internas del país. En diciembre de 1925, para dar entrada a representaciones del sentir de algunos sectores, el dictador constituyó un gobierno predominantemente civil con participación de figuras de tipo técnico. En el año 1926 creó la Unión Patriótica, movimiento con pretensiones de apoliticismo y filosofía de estilo cívico que agrupó personas procedentes del conservadurismo, los centros católicos y empresariales y la burguesía en general. Fue frecuente convocar a los adheridos a este movimiento a actos patrióticos con discursos y desfiles. En septiembre de 1927, el dictador instituyó la llamada Asamblea Nacional, pretendiendo sustituir el parlamento usual por una representación corporativa y estamental muy matizada por la voluntad personal del gobernante, que nombró directamente a muchos de los asambleístas, aunque por lo demás, no se atribuyó a los mismos otra función que la consultiva. En la Asamblea Nacional tuvieron escaño quince mujeres, algunas de ellas aristócratas y otras intelectuales distinguidas como Blanca de los Ríos y Maria de Maeztu. El feminismo conservador impulsado desde el poder, contrasta con el recelo que en el bando republicano y progresista se siente contra el avance sociopolítico de la mujer, porque se considera que redundará en provecho de las posiciones reaccionarias.

     En esta fase de la actuación de Primo de Rivera se experimenta cierta modificación en el concepto de su misión. que probablemente antes se había autoconfigurado como transitoria, funcional y puntual y que de ahora en adelante pretende ser mucho más mesiánica, trascendental y profunda, pro- poniéndose transformar en gran escala la sociedad y la economía españolas, a través de una acción política de tipo técnico y paternalista, radicalmente apartada de los grupos usuales que la ejercían como profesión. Huelga observar que a medida que este planteamiento se concreta y se hace público, el dictador ve densificarse la hostilidad de sectores que antes le habían aplaudido o simplemente tolerado y de modo especial, figuran desde entonces entre sus antagonistas, la universidad y buen número de escritores, periódicos y periodistas. En 1924 se había ya registrado la sonada deportación de Unamuno a la isla de Fuerteventura, pero Primo de Rivera reacciona contra esta animosidad de muchos intelectuales por medios insólitos, no sólo prodigando sus propias notas oficiosas de prensa muchas veces redactadas en un chocante estilo confianzudo, sino también escribiendo artículos firmados por él en la prensa, donde comentaba los aconteceres políticos desde dentro, como aspirando a la aprobación de cualquier lector honrado. Con esta misma pretensión, expuso en los periódicos proyectos de modificación de la vida española, que en algún caso versaban sobre aspectos tales como el cambio de las horas de las comidas y en otros lamentaban el proceso que no tardaría en agravarse, de desvalorización de la peseta ante las demás divisas, juzgándolo como resultado de maliciosas maniobras de círculos financieros internacionales. Con semejante aspiración a que su buena fe fuese estimada por los demás como argumento decisivo, abrió el diálogo con sectores hasta entonces adversos al poder como los socialistas y nombró a Largo Caballero consejero de Estado, a la vez que instituía unos comités paritarios entre empresarios y obreros en los que los representantes de éstos se sentarían junto a aquellos para el arreglo de los conflictos sociales. El hallazgo no tardaría en decepcionar tanto a los unos como a los otros porque ambos tenían apetencias más ambiciosas en su programa que la mera convivencia ocasional bajo la égida del dictador.

     Uno de los saldos más favorables de la etapa de gobierno de éste, aparece en el capítulo de mejora de las carreteras, tanto en la ampliación de la red existente, como en el perfeccionamiento de sus condiciones. En 1926 se crea el Patronato del Circuito Nacional de Firmes Especiales, siendo ministro de Fomento el conde de Guadalhorce y se le encomienda mejorar como gestión autónoma, unos 7000 kilómetros de carretera, remediando su firme y su trazado y haciéndolos aptos para más altas velocidades de los vehículos. El circuito está constituido por quince itinerarios a los que se añaden luego la ruta cantábrica y la mediterránea, puesto que se comienza ya a sentir preocupación por atraer turismo. Para atender a la financiación de la obra, se implanta la tasa por rodadura que al año siguiente se unifica con la patente de circulación de automóviles. El plan sólo llegó a término en menos de la mitad de los kilómetros proyectados (unos 2800), los cuales quedaron en excelentes condiciones. También se construyeron además más de 5000 kilómetros de carreteras estatales nuevas, unos quinientos de rutas provinciales y más de 4000 kilómetros de nuevos caminos vecinales. En 1924 se publica el Estatuto Ferroviario que, parte de la base de que es precisa la intervención del estado en las compañías porque están todas en la ruina, para que las que lo deseen se acojan a semejante patrocinio y de tal modo puedan emprenderse mejoras de servicios y construcciones nuevas. Las empresas se doblegaron a esta intervención, que las convirtió en meras gestoras de sus líneas y merced a la subida de tarifa, lograron remediar su crisis. Se proyectó construir 2400 kilómetros de nuevos ferrocarriles, pero la caída del régimen, limitó la obra terminada a unos 450 Km.

     Comentando la fisonomía económica de la Dictadura, escribe Tuñón de Lara: «Se trata de un período en que miembros relevantes de tradicionales oligarquías -más que elites- creen necesario participar directamente en el ejercicio del poder convencidos del serio quebranto sufrido por éste . Desde enero de 1930 a abril de 1931 hay un fenómeno de agrupación oligárquico en torno a la monarquía que no está contradicho por el paso al bando opuesto de esta o aquella individualidad. Un hecho es evidente durante este período, la tendencia hacia la concentración del poder económico, la política económica favorable a las grandes empresas, cuya prosperidad aumenta también, de hecho hubo empresas que en 1930 llegaron a declarar 55 por ciento de beneficios (Minas del Rif), el 30 por ciento (la Basconia), 24 y 22 por ciento (Explosivos y Pirelli)», con el correlativo auge de sus títulos en la Bolsa.

     Un capítulo importante de la actuación desarrollista de la Dictadura fue su labor en materia de riegos y aprovechamiento óptimo de los cursos fluviales, idea la última que elaboró el ingeniero Manuel Lorenzo Pardo y según ella, se formarían unas confederaciones que agrupasen los diversos intereses coincidentes en cada gran cuenca. Surgió así la confederación del Ebro en 1926 y la siguieron las del Guadalquivir, Duero, Segura y Pirineo oriental y estaba preparándose la del Tajo cuando cayó el régimen. Las confederaciones constituyeron también un interesante experimento de zonificación económica al que se volvió a acudir en otras ocasiones al crear entes prácticos supraprovinciales.

     En el gobierno de personalidades civiles creado en 1925 había descollado el joven ministro de Hacienda, José Calvo Sotelo, el cual tomó medidas para la ordenación y robustez de las haciendas municipales y provinciales, mejoró la posición del estado en los conciertos económicos tenidos con el País Vasco y Navarra en daño de éstos y propuso reformar la tributación, introduciendo impuestos justos y veraces sobre el capital y en concreto, las llamadas rentas y ganancias de éste, en lo cual chocó con el general. Este pretendía, por su lado, un desarrollo fabuloso de las instituciones y servicios públicos, totalmente incompatible con el nivel de la hacienda. Aún así, se instituyó en 1926 aquel impuesto sobre la renta que quedó sin aplicar hasta la época de la república. Los críticos de las finanzas de la Dictadura y señaladamente, Alba y Cambó, censuraron repetidamente la práctica que siguió esta de elaborar un presupuesto extraordinario al lado del normal, merced a la cual pudo presumir de saldar éste sin déficit. La ley de administración y contabilidad de la hacienda pública de 1911, fue suspendida durante el gobierno de Primo de Rivera y reinstaurada en 1930. Se debió a Calvo Sotelo también la creación del monopolio de petróleos y su arrendamiento a una compañía formada por un consorcio bancario.

     España reclama en 1926 una plaza permanente en el consejo de la Sociedad de Naciones conforme a reiteradas promesas que había recibido de los países promotores de ella. La oposición global que formularon Alemania, Suecia y otras naciones contra el aumento de los puestos fijos en el consejo citado, creó una situación desairada para España y una reacción de animosidad contra la institución internacional que la indujo a aproximarse a la Italia fascista ya que profesaba semejante opinión. En el mismo año, el gobierno de Madrid anuncia su deseo de que se revise el estatuto internacional de Tánger, dando más presencia a España en él. La Sociedad de Naciones quiere apaciguar a España concediéndole un puesto semipermanente en el consejo, cosa que es rehusada y además precipita la retirada de España de aquella. En 1928, mediante negociaciones directas con Francia, España ganó mejores posiciones en su zona de Marruecos. También por entonces, la Sociedad de Naciones la invita a reconsiderar su retirada y satisfecha en su orgullo con las explicaciones que recibe, España vuelve a ser miembro de la organización. Hubo algunos intentos de subversión contra el régimen de Primo de Rivera. En junio de 1926 se registró en Valencia la Sanjuanada dirigida por los generales Weyler y Aguilera, que constituyó un golpe militar abortado. Más tarde surgieron dificultades entre el dictador y el arma de artillería a propósito del empeño de esta en que no hubiera otro modo de ascender que la antigüedad, en contra de unas medidas adoptadas por el gobierno. Resueltos los artilleros a pasar a la violencia, el gobierno determinó disolver el arma. En el mismo año Francesc Maciá dirigió el intento de invasión de Cataluña desde Francia por Prats de Molió, acto que no tuvo otro resultado que atraer la atención mundial sobre su causa. Iba creciendo al propio tiempo la erosión que en la imagen de la Dictadura iba causando la hostilidad de los intelectuales y las reservas de algunos de sus colaboradores directos como Calvo Sotelo, que dimitió en 1930. El propio Alfonso XIII no ocultaba sus crecientes reticencias contra el gobierno de Primo de Rivera y en enero de 1930, éste consultó a los capitanes generales y al percibir por sus respuestas adversas que carecía de su apoyo, el gobernante dimitió el día 28 y se retiró a Francia con la salud gravemente quebrantada. Murió el 16 de marzo siguiente.