La posguerra y sus problemas

por Pedro Voltes Bou


     Los daños causados por la guerra civil han sido cuantificados de distinta forma y en su evaluación global habría que incluir también perturbaciones y pérdidas tales como las causadas por la anulación de la moneda emitida en la zona republicana y las operaciones de crédito efectuadas en ella; la enorme sangría que en los recursos humanos del país causó la marcha de cientos de miles de personas muchas de ellas altamente cualificadas en su profesión; el desorden y empobrecimiento sufridos en el orden cultural y técnico y otras dolorosas partidas tales como los resultados de la represión política y de la censura. Sin entrar en estos últimos conceptos parece verosímil que en el curso de la guerra civil perdieron la vida unas quinientas mil personas; se destruyeron total o parcialmente medio millón de viviendas; los ferrocarriles perdieron 1309 locomotoras (41 por ciento del total), 30040 vagones de mercancías (44 por ciento del total) y 3700 vagones de pasajeros (71 por ciento del total). La marina mercante perdió 225000 toneladas y la de guerra, varias de sus unidades de mayor porte. Los gastos militares de ambos ejércitos pueden estimarse muy aproximadamente en dos billones de pesetas de 1988, sin contar las 510 toneladas de oro enviadas a Rusia por el gobierno republicano como depósito previo al pago de sus compras de material de guerra que consumieron dicho capital. Las devastaciones agrícolas, urbanas e industriales, fueron gravísimas en algunas zonas y leves en otras. La recuperación del nivel de renta nacional que era del orden de 205000 millones de pesetas en 1935, no se alcanzó hasta 1950. La reconstrucción no se planificó siempre con criterios de futuro y solió consistir en reponer las instalaciones y materiales en el estado en que se hallaban antes de la guerra. La abundancia de alimentos de que gozaba la zona de Burgos se trocó en escasez general en España en cuanto fue preciso abastecer a las grandes capitales que habían quedado en el territorio republicano.

     El intervencionismo implantado con ocasión de las hostilidades, no facilitó la fluidez de los abastecimientos y dio pie a toda suerte de corruptelas. La «economía de guerra» subsistió muchos años después del término de ésta, puesto que los organismos y potestades que la habían manejado, se resistieron a abandonar sus posiciones de poder. Por contagio de los fascismos europeos, se profesó ampliamente el ideal de «autarquía», que propugnaba la plena suficiencia del país en su aprovisionamiento y semejante actitud redundó en rechazar algunos ofrecimientos de ayuda de las democracias y en cortar o reducir buena parte de las relaciones económicas sostenidas anteriormente con ellas, al tiempo que se difundía el concepto de «Gibraltares económicos» para designar las presencias empresariales extranjeras en España. El 8 de mayo de 1939 España se retiró de la Sociedad de Naciones.

     Al producirse el estallido de la Segunda Guerra Mundial, el jefe del estado ordenó en 4 de septiembre de 1939 «la más estricta neutralidad a los súbditos españoles». El 14 de junio de 1940, España decidió unilateralmente ocupar Tánger y encargarse de su administración y el 23 de octubre del mismo año, Franco se entrevistó con Hitler en Hendaya, abriendo una larga fase de ambigua e incierta solidaridad entre España y las naciones fascistas que, por lo demás, era preciso retocar y corregir constantemente para no irritar en exceso a las potencias democráticas y perder los imprescindibles suministros que se recibían de ellas. Ejercióse también un interesante comercio de tungsteno y otros metales estratégicos y productos diversos con ambos lados beligerantes. La escasez de comida se acentuó por efecto de una serie de malas cosechas que hicieron descender la mayor parte de la producción por debajo de los niveles de 1931. Dentro del capítulo de calamidades de la época, ha de inscribirse un incendio que destruyó buena parte de la capital Cántabra el día 15 de febrero de 1941. El día 12 se entrevistaron Franco y Mussolini en Bordighera y el 28 del mismo mes, murió en Roma el rey Alfonso XIII. El 13 de julio de 1941 comenzaron a salir de Madrid expediciones de voluntarios de la División Azul, que se incorporaban a la lucha contra la Unión Soviética iniciada por Alemania y sus aliados el 23 de junio anterior. En el mismo año 1941 el Estado creó la RENFE por absorción de las redes de ferrocarriles de ancho normal y el Instituto Nacional de Industria, dentro de una serie de medidas de signo nacionalizador que comprendían también la españolización de la Compañía Telefónica, el auge del Instituto Nacional de Colonización y el Servicio Nacional del Trigo y en 1946, dictó la ley de ordenación de la banca con intervención más intensa del gobierno en el Banco de España y los demás bancos y cajas. El 20 de diciembre de 1942 se anunció que España y Portugal constituían el Bloque Ibérico. Unos días antes, el 9 de noviembre, el ejército norteamericano había desembarcado en el Marruecos francés y en Argelia, sin interferencia alguna en los territorios españoles próximos.

     En estos años se registra un aumento considerable de la circulación de billetes (1944: 16994 millones de pesetas, 1935: 4837), correlativo a una sensible inflación (1944: una peseta vale 0.329 ptas. de 1936) y a la aceleración de las emisiones de deuda pública que, entre 1940 y 1950 crece en el 148 por ciento. La carestía de los artículos fundamentales provocó malestar entre las clases modestas y que se intentó conjurar a la vez que el régimen deseaba aproximarse a las naciones que iban venciendo en la guerra mundial mediante diversas reformas de imagen. En marzo de 1943 se instituyeron unas cortes de carácter corporativo compatibles con una lenta marcha hacia la restauración monárquica, en agosto de 1944 el control de los medios de comunicación, el libro y los espectáculos fue transferido al ministerio de Educación Nacional y en octubre del mismo año, se implantó en la organización sindical un rudimento de elecciones a la vez que el ministro de Trabajo José Antonio Girón, comenzaba una política populista de halago y favor al obrero a menudo enfrentada con los postulados de una mayor producción y el abaratamiento de costes. Al sobrevenir la victoria aliada, los exiliados republicanos sintieron vivas esperanzas de retornar pronto a la patria y algunos de ellos optaron por la acción violenta en la frontera y en las zonas rurales del interior, formando los grupos llamados de «maquis», que no prosperaron. En julio de 1945, la conferencia de Potsdam condenó al régimen de Franco como inadmisible en las Naciones Unidas y en agosto, se exigió que España evacuase Tánger en el plazo de un mes y México reconoció a un gobierno español en el exilio, constituido en su territorio. En diciembre de 1946, las Naciones Unidas hicieron votos por que se implantase en España un régimen de base democrática y recomendaron a todos los estados miembros que retirasen sus embajadores de Madrid. Dentro de esta atmósfera, Franco modificó el gobierno en 20 de julio de 1945 dando entrada en el mismo al antiguo directivo de Acción Católica Alberto Martín Artajo, que desde la cartera de Asuntos Exteriores, cuidaría de mejorar las relaciones con el Vaticano reclamando compensaciones a las importantes medidas de apoyo a la iglesia española que se habían tomado desde la guerra y que ya habían cuajado en un «modus vivendi» con el Vaticano en junio de 1941. Aún así, éste demoraría hasta 27 de agosto de 1953 la firma de un concordato con Madrid. En 19 de julio de 1945 Franco hizo aprobar por las Cortes el Fuero de los Españoles que manifestaba unos derechos básicos del ciudadano, muchos de ellos vulnerados en origen por la existencia misma de diversas instituciones del régimen.

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