El reformismo político borbónico
por Pedro Voltes Bou
El triunfo de Felipe V en la guerra de Sucesión abre una nueva época en la historia constitucional de la monarquía española con innovaciones de enorme trascendencia que transforman su estructura política y administrativa. En las medidas adoptadas para ello pueden diferenciarse dos grupos: las que corresponden a la misma época de la guerra o a la posguerra con un cierto componente de represalia violenta y las que fueron adoptadas en época posterior con un propósito más reposado de modificar el orden existente. Cabría también distinguir entre providencias que venían siendo preconizadas por cierta línea de pensamiento político español como la personificada en Olivares y las que son aconsejadas por los asesores franceses de Felipe V y corresponden genéricamente a una europeización de la práctica política española. A las providencias donde interviene un regusto de cólera bélica, puede adscribirse la supresión de los regímenes peculiares de Valencia, Aragón, Cataluña y Baleares, donde fueron suprimidos los fueros, las cortes y su Diputación incluidos los municipios de tradición medieval y también el cargo de virrey que había existido durante la dinastía austriaca y se instituyó el gobierno por un capitán general que presidía la real audiencia en cada uno de estos reinos, un cuerpo que ejercía funciones de gobierno y administración, además de las judiciales y cuyas decisiones corporativas, cuando se tomaban bajo la presidencia del capitán general, se denominaban «real acuerdo». En Madrid, el Consejo de Aragón se integra en el de Castilla, cuerpo que reúne también funciones deliberantes y ejecutivas y puede gobernar en todos los reinos de España si sus actos obtienen la aprobación de la audiencia local. Se instituye en todos los territorios conquistados por Felipe V la división comarcal castellana del corregimiento, en vez de las «sobrecogidas» de Aragón, las «veguerías» catalanas y las «gobernaciones» de Valencia. Los componentes de los consejos municipales, que eran designados en general por insaculación, pasan a serio por nombramiento gubernativo y en los principales municipios, el cargo de regidor es vitalicio e incluso hereditario y se da por supuesto que los titulares han de pertenecer al patriciado de la localidad. En Barcelona estas innovaciones fueron acompañadas de providencias vejatorias para el antiguo consejo municipal y algunas, tan chocantes como ordenar que la vestimenta antes usada por los «consellers» pasase a ser utilizada por los maceros y porteros del ayuntamiento. Entre las medidas aconsejadas por inspiración europea, figura en general el propósito de poner orden en la máquina hacendística, tan confusa y onerosa, dando pasos hacia su unificación ideal y la modernización de sus estructuras con la creación, tanto en España como en Indias, de la figura del intendente, que se convierte en el jefe de la administración estatal de cada territorio. También se toman medidas para suprimir las aduanas interiores, es decir, las que había entre los antiguos reinos, cosa que no se logra por completo. El anhelo de comunicar e igualar los diferentes miembros de la monarquía, inspira a la Corona una dinámica política de enlaces entre ellos que comprende incluso el proyecto de numerosos canales y la mejora esencial del sistema de caminos. Se parte de la tesis de un sistema centralizado y radial de ellos con escasas conexiones laterales de la red y se efectúa una considerable labor de apertura de carreteras. Cabe indicar que las obras se efectúan con precipitación y poco fundamento técnico, lo cual las expone en breve tiempo a padecer graves deterioros, además de que a menudo se derrochan caudales por la falta de profesionales expertos que sigan criterios rigurosos en el proyecto y ejecución. En los comienzos del reinado de Felipe V se decide que la Corona administre las postas y correos, a cuyo servicio se dedican seis carreteras principales que luego serán transitadas por el tráfico general. La primera que tiene ciertas características afines a la actualidad es la cántabra que data de 1749 con Fernando VI, junto con algunos trozos del paso del puerto de Guadarrama. Hiciéronse luego algunos trozos de caminos en Navarra y País Vasco y en 1761, comenzaron los caminos de Madrid a los reales sitios como de Valencia a Barcelona y el paso de Despeñaperros. El Proyecto económico de Bernardo Ward en 1760, hace hincapié en la necesidad de mejorar la red de caminos dentro del plan de expansión económica que preconiza. Viene otra fase de preocupación por el tema hasta 1778 en que el ministro Floridablanca lo toma en sus manos. Esta mejora de las comunicaciones, prepara pero no logra súbitamente la circulación ampliada de mercancías por toda la monarquía, donde tardará en establecerse algo parecido a un mercado nacional. También redunda en facilitar la movilidad de las personas dentro de España.
En el curso del siglo XVIII se produce una transformación de la estructura demográfica en el sentido de que la periferia pasa a estar más poblada que el centro por vez primera en nuestra historia. Dentro de ella se perciben siete núcleos principales de concentración: el País Vasco litoral, la costa cántabro-astur, las rías gallegas, el bajo Guadalquivir, la costa malagueña, la huerta valenciana y la comarca barcelonesa. En el interior, se registra baja densidad media y la concentración humana se define en torno de Madrid, Valladolid, Burgos, Badajoz, Mérida, Zaragoza y Pamplona. Es interesante observar que la supervivencia de los sistemas hacendísticos y tributarios anteriores y la ausencia de traumas innovadores de que goza Castilla, convierten a este reino en más anticuado y tradicionalista que los del resto de España después que con Felipe V se ha impuesto en toda ella sus leyes y criterios. Constituyen un caso aparte Navarra y el País Vasco, que habían conservado sus fueros en premio a su lealtad a Felipe V y salvaban sus instituciones tradicionales. Sin embargo, la fiebre uniformadora del siglo XVIII, iría suscitando más de un conflicto entre esas «provincias exentas» como se las llamó y la monarquía centralizada.
El gobierno borbónico tuvo éxito en su deseo de introducir en la vida eclesiástica española los principios regalistas enseñados por Francia, de suerte que el trono gozaría de amplias facultades en la propuesta de obispos y jerarquías eclesiásticas y la iglesia cooperaría a la uniformidad nacional, estructurándose homogéneamente en el país. Las enormes y prácticamente solitarias atribuciones de la iglesia en materia de enseñanza, redundaron en que ésta se convirtiese en uno de los instrumentos más poderosos de igualamiento de las tierras españolas. Felipe V no había manifestado preocupaciones especiales por el problema lingüístico, pero Carlos III que trabajó mucho más que su padre en el proceso de una España unificada, se interesó (reales cédulas de 1768 y 1780) por la definición de un «idioma general» y ordenó que se emplease exclusivamente el castellano en los tribunales y la enseñanza, con expulsión de las demás lenguas. Otro instrumento poderoso de unificación fue la consolidación de unas fuerzas armadas estables, profesionalizadas y únicas, superando la época en que cada reino aportaba su concurso a la defensa y las fuerzas castellanas parecían forasteras en ellas. Todos estos fenómenos tienden a transformar el significado de la palabra «nación», que en siglos anteriores radicaba principalmente sobre el nacimiento, a cuya raíz etimológica corresponde y que pasa progresivamente a contagiarse con conceptos estatales, de suerte que adquiere un sentido más político como de comunidad regida por una autoridad general. Dentro del pensamiento ilustrado, se apoya y propugna que esta autoridad sea absoluta, en el sentido de completa y no de arbitraria, porque así se hace eco de la globalidad de la comunidad sobre la que actúa y a la que representa. Lo que ocurre es que para hacer olvidar totalmente la época de autogestión nacional en cada reino, la monarquía unificada ha de explayar en todos ellos una eficacia tan impecable y ejercer una representación tan satisfactoria de la colectividad que la pretensión resulta utópica; surgen objeciones y regateos y se conserva, en algunos sentidos, la nostalgia de la etapa anterior. Así lo acredita, aparte del caso catalán, ya tópico, la protesta valenciana manifestada en 1760, año en que hay también un memorial quejoso presentado por el Ayuntamiento de Barcelona.
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