El 14 de abril se constituyó un gobierno provisional de la república presidido por Niceto Alcalá Zamora, en el cual figuraron socialistas, radicales, republicanos y catalanistas. Los dos miembros de este último grupo (Marcelino Domingo y Luís Nicolau d'Olwer), junto con el socialista Fernando de los Ríos, fueron enviados a Barcelona a conferenciar con Maciá para que desistiera de su concepción de república catalana. Se logró la avenencia a base de restaurar la institución de origen medieval de la Generalidad de Cataluña y encargarla de dotarse de un estatuto y reconocer que gobernase en el principado con un consejo ejecutivo propio. La elaboración del estatuto comenzó seguidamente a cargo de una comisión que se reunió en Nuria. Las primeras semanas de gobierno republicano, fueron en todo el país de viva tensión causada tanto por la cólera de los reaccionarios como por la impaciencia tumultuosa de los reivindicadores de novedades. En el mes de mayo se produjeron en Madrid incidentes callejeros y fueron incendiados algunos edificios religiosos, lo cual ocurrió también en Valencia y Andalucía. El diario monárquico ABC fue suspendido y el arzobispo de Sevilla el cardenal Pedro Segura, fue expulsado de España como represalia por sus manifestaciones monárquicas. Hubo también peligrosos desórdenes obreros en la provincia de Barcelona. En el mes de junio se celebraron elecciones legislativas que dieron la mayoría de escaños a los partidos izquierdistas. Tras reunirse el Congreso en julio, la nueva constitución fue promulgada en 9 de diciembre definiendo a España como «una república democrática de trabajadores de todas clases», donde imperaba la soberanía popular y no existía religión oficial. Se previó la posibilidad de autonomías regionales, la abolición de los títulos de nobleza, la igualdad de derechos para ambos sexos (aunque las mujeres todavía no votaban), la libertad de expresión, la subordinación de la propiedad al interés social, la disolubilidad del matrimonio civil y la condición laica de la enseñanza, siendo esta gratuita y obligatoria. La autoridad legislativa correspondía a las Cortes formadas por una sola cámara. Según expresa José Bullejos al analizar la obra de la república, «en la vida de ésta se distinguen cuatro fases perfectamente delimitadas y claras; la primera, que se caracteriza por los intentos de poner los cimientos de un régimen democrático y desarraigar las viejas estructuras sociales, la segunda, que puede calificarse de anticonstituyente, va desde la disolución de las Cortes hasta el mes de febrero de 1936 y durante ella, las fuerzas reaccionarias adueñadas nuevamente del poder, anulan la obra que comenzaron las constituyentes. La tercera fase, muy breve y precursora de la guerra civil, comprende los meses de febrero a julio de 1936. En estos cinco meses las izquierdas, que han recuperado el poder, pretenden continuar lo que comenzaron en 1931 y la última fase corresponde a la guerra civil».

     En septiembre de 1931 hubo huelgas generales en Barcelona, Bilbao, Cádiz, Huelva, Algeciras y otras localidades. La prensa del 12 de noviembre reseñó dentro del marco de un supuesto complot monárquico, la detención en Madrid del chantre de la catedral, un comandante de infantería y José Antonio Primo de Rivera. El 8 de diciembre, los periódicos dieron cuenta igualmente de que en la capital Ortega y Gasset pronunció un discurso de revisión crítica de la república y apología de un nuevo partido de amplitud nacional. Uno de los aspectos más conflictivos de la actuación republicana fue el religioso, nivel en el cual se refundieron y concretaron muchas de las repulsiones ocasionales que el nuevo régimen inspiraba. Por lo demás, su labor en la materia se desarrolló con menos miramientos que en otras áreas y tropezó con una posición mucho más organizada. El gobierno completó su desvinculación respecto de la iglesia suspendiendo en diciembre de 1933 los subsidios que el Estado pagaba al clero y ordenó a este someterse a una ley especial que regulaba todas las confesiones y congregaciones religiosas. Las órdenes religiosas que requerían voto de obediencia a una autoridad extranjera como los jesuitas, serían disueltas y sus bienes confiscados. No se permitiría a las órdenes religiosas ejercer la industria y el comercio, dedicarse a la enseñanza, ni poseer más bienes que los necesarios para su sustento. Esta actitud de la república respecto de la iglesia y la molestia que causaba en los círculos afectados, tenían alguna simetría con la que produjeron en el ejército las medidas del Ministro de la Guerra Manuel Azaña, para reorganizarlo y reducir el número de sus oficiales. En el día 14 de octubre fueron aprobadas por el Congreso las medidas sobre las instituciones religiosas y Alcalá Zamora y Miguel Maura, dimitieron. Azaña pasó a presidente del gobierno y Alcalá Zamora a presidente de la república. Unos días después de su acceso al citado cargo, Azaña presentó el proyecto de ley «de defensa de la República», mediante el cual podían suspenderse determinadas garantías constitucionales para reaccionar contra actividades contrarias al régimen y también disolver reuniones y asociaciones, cerrar periódicos y similares, aparte de imponer multas y penas de destierro.

     Desde la proclamación de la república, formaba parte del gobierno el líder socialista Francisco Largo Caballero, el cual impulsó una serie de disposiciones importantes tales como la ley de contratos de trabajo, la de jurados mixtos, la de colocación obrera y la de seguro de accidentes en el trabajo, aparte de fundar las delegaciones provinciales de Trabajo. En las obras públicas, Indalecio Príeto, ministro desde 1931 a 1933, encomendó al ingeniero Manuel Lorenzo Pardo un plan de trasvase de sobrantes de aguas fluviales de la vertiente atlántica a ríos de la mediterránea mediante una primera versión del que luego sería proyecto de trasvase Tajo-Segura. Durante esta época se construyeron varios embalses en los valles del Ebro y del Guadalquivir y se comenzó el de Cíjara en Extremadura, a la vez que se creaban varias centrales eléctricas. Se elaboraron también ambiciosos proyectos de desarrollo de los ferrocarriles y las carreteras.

     En mayo de 1931 se creó una comisión técnicá para elaborar un borrador de proyecto de reforma agraria encabezada por el jurista Felipe Sánchez Román y asesorada por Pascual Carrión y Antonio Flores de Lernus, agrónomo y economista respectivamente. La reforma se proponía como objetivo fundamental la corrección de las condiciones de propiedad en el agro del sur de España. El proyecto atravesó varias etapas y atrajo el rechazo de los grandes propietarios a los cuales se sumaron el partido radical, la Lliga catalanista, los nacionalistas vascos y otras formaciones que con su oposición a aquella reforma, suscitaron una clara escisión entre los republicanos y empujaron a Azaña a aliarse con los socialistas y alejarse de los radicales, los cuales fueron oscilando hacia la derecha. La elaboración de la ley agraria experimentó una rápida aceleración cuando se produjo el 10 de agosto de 1932 el golpe militar de Sanjurjo, que probablemente estaba apoyado por latifundistas andaluces. El 9 de septiembre fue aprobada la reforma agraria en virtud de la cual fueron expropiadas las fincas de los Grandes de España y las derivadas de antiguos señoríos. Se creaba el Instituto de Reforma Agraria y se disponía la expropiación de las grandes fincas que se estimasen convenientes valoradas según la renta catastral o lo declarado para abonar el impuesto de derechos reales en ocasión de la última transmisión anterior. Su valor se abonaría parte en metálico y otra en deuda pública especial. Al fraccionarse las fincas en beneficio de los trabajadores, estos no recibían su parcela en propiedad sino sólo como asentamiento. Los foros, censos y demás derechos de esta especie serían redimibles y revisables. La ley se aplicaría íntegra en Andalucía, Extremadura, Ciudad Real, Albacete, Toledo y Salamanca y con diversas limitaciones, en el resto del país.

     En la misma fecha 9 de septiembre, fue aprobado por el Congreso el estatuto de Cataluña, después de haber sido sancionado por la Generalidad y plebiscitado con abrumador éxito. La versión aprobada en Madrid, difería considerablemente del texto original y entrañaba graves problemas de competencias y de financiación del gobierno catalán. Más tarde, se discutió larga y acaloradamente la ley relativa a las congregaciones religiosas donde se preveía su apartamiento de la enseñanza después de unos meses y el presidente optó por demorar su publicación hasta que expiró el plazo legal para ello. En enero de 1933 la atención del país se centró en el drama de Casas Viejas, un pueblo gaditano comprendido en la reforma agraria donde los naturales proclamaron el comunismo libertario y desafiaron una fiera represión de las fuerzas de orden público que causaron varias muertes. El lamentable episodio proporcionó argumentos a las derechas para hostilizar al gobierno y en el país creció el sentir conservador hasta provocar la dimisión de Azaña y la necesidad de convocar elecciones.

     Es paradójico que al mismo tiempo que el gobierno de la república era censurado por estas actuaciones autoritarias, contase con la enemiga de las clases privilegiadas y reaccionarias. Esta situación obedecía primordialmente a actitudes de tipo emotivo y colorista, tanto por parte de los gobernantes como de la oposición, porque en muchas cuestiones de fondo, aquellos se condujeron con estilo perfectamente burgués. Uno de los aspectos más importantes de esta política filocapitalista, estribó en la defensa tenaz de la cotización de la peseta que efectuó aquel gobierno, continuando al pie de la letra la política de la Dictadura y de los equipos conservadores. La república se batió por la alta cotización de la peseta y el precio elevado del dinero, para lo cual entre otras cosas, luchó por la contención de los salarios. Aún así, muchos capitalistas españoles se dedicaron intensamente a evadir capitales del país y lo propio, hicieron empresas extranjeras y nacionales, lo cual obligó a las autoridades hacendísticas a imponer restricciones sobre la circulación de capitales y valores, creando en 1931 un centro regulador a tal efecto. En consonancia con aquellos criterios, el Banco de España reprimió el descuento y el crédito. Con todo, la peseta se depreció considerablemente en los mercados internacionales. El profesor Tomás y Valiente señala que «el artículo 8 de la Constitución republicana dejaba abierta a todas las regiones españolas la posibilidad de constituirse en régimen de autonomía. Se partía así de un principio de no uniformidad (que cada región asuma dentro de las posibilidades las competencias que quiera) y de otro principio de igualdad (si la autonomía regional es un régimen ventajoso, no debe quedar reducido como si de un privilegio se tratase para sólo algunas regiones). Por eso, si bien es verdad que sólo se aprobaron dos estatutos, el de Cataluña (15 de septiembre de 1932) y el del País Vasco (6 de octubre de 1936), también lo es que el de Galicia había sido aprobado por sus ayuntamientos el 18 de diciembre de 1932, favorablemente "plebiscitado" el 28 de junio de 1936 y entregado al presidente de las cortes el 15 de julio del mismo año, quedando paralizada la última fase de su aprobación a causa del comienzo, tres días después, de la guerra civil. Pero es que además, otras regiones corno Aragón, Andalucía, Baleares, Canarias y Valencia tenían también en fase más o menos avanzada su proceso de constitución en región autónoma. En su corta vida, la república puso en marcha un nuevo modelo de Estado. No la desintegración del Estado corno aparato de poder ni la de la nación española, sino una fórmula flexible original y encaminada a garantizar la unidad de España y a reconocer la particularidad de sus regiones».