Aspectos territoriales de la política de desarrollo
por Pedro Voltes Bou
Es manifiesto el carácter unitarista del Estado instaurado por el régimen de Franco y uno de los testimonios más notorios de tal actitud está en la anulación de los estatutos de Cataluña y Euskadi apenas sus tropas entraron en los territorios afectados durante la guerra civil y sus medidas de proscripción de dichos idiomas en la vida pública, así como de las manifestaciones de culturas vernáculas antes bosquejadas al tratar del despertar nacionalista en diversas tierras españolas durante el siglo XIX. Tampoco puede emprenderse la reseña de los innumerables actos de afirmación nacionalista desarrollados durante el régimen de Franco a costa de los peligros y represalias sobradamente conocidos. Lo que se desea sugerir ahora es que en el curso de los trabajos de expansión económica emprendidos por el Estado a partir de 1939, afloraron inevitablemente en diversos momentos hechos territoriales que revalidaron por fuerza criterios de regionalización que había reconocido la república, de la misma manera que al diseñar la política de desarrollo a partir de 1964 fue necesario darle en muchos aspectos acentos y cauces comarcales y locales.
Uno de los primeros sectores donde se hizo evidente este imperio de las realidades geográficas y humanas fue el llamado plan general de obras públicas, aprobado en dos fases por leyes de 11 de abril de 1939 y 18 de abril de 1941, del cual era parte preeminente el plan general de obras hidráulicas. Este último plan recogía los estudios y disposiciones elaborados durante la república, en su mayor parte bajo la égida del ingeniero Lorenzo Pardo y consiguientemente, había de respetar los conceptos hidrográficos y geográficos que les habían inspirado y por ende, indirectamente había de tomar por objeto y referencia una serie de realidades regionales. Las inversiones en obras hidráulicas constituyen uno de los capítulos característicos de la actividad del Estado y así se pasó de contar en 1930 con 51 embalses de más de quince metros de altura, a tener 99 en 1945, 162 en 1955 y 267 en 1961. Las obras hidráulicas absorbieron en este último año 3401 millones, mientras que en 1951 importaban 673 y en 1941, 85 millones.
Después de la ya citada actuación del Instituto Nacional de Colonización, que tuvo escasas connotaciones geográficas, las que sí las tuvieron fueron los planes diseñados para las provincias de Badajoz y Jaén en las que el primero fue aprobado el 7 de abril de 1952 y comprendió unos propósitos de redistribución de recursos agrarios, mejora de la producción y fomento del nivel de vida, que no se cumplieron. El Plan Jaén fue aprobado por ley de 17 de julio de 1953, con finalidades semejantes y tampoco obtuvo el éxito pretendido. En ambos casos, se pretendía movilizar la iniciativa privada mediante beneficios fiscales y atractivos créditos, instrumentos que luego se emplearían en los planes de desarrollo.
El 13 de febrero de 1958 se constituyó una comisión para las grandes zonas regables, que en 1966 fue absorbida por otra dedicada a la transformación de tierras en regadíos. En el día 26 de octubre de 1957 nació la figura de los planes provinciales, que serían coordinados desde la presidencia del gobierno.
En el I Plan de Desarrollo se afirmaba «la necesidad de corregir las desigualdades económicas existentes entre las diversas regiones del país». La ley del plan estableció la posibilidad de crear polos de promoción y polos de desarrollo industrial y designóse más tarde a Burgos y Huelva como del primer tipo y a La Coruña, Sevilla, Vigo y Zaragoza como del segundo. En 1966 comenzaron unos planes regionales específicos referidos al Campo de Gibraltar y Tierra de Campos, así como a las islas Canarias. El enfoque territorial estuvo acentuado en el designio del II Plan de Desarrollo (1968-1971) que se proponía concretamente reorganizar las zonas costeras, dar impulso a los valles del Ebro y Guadalquivir, descongestionar Madrid sobre el Tajo y potenciar Burgos y Valladolid en pos de la conexión del Cantábrico con Madrid. En el curso de la ejecución del II Plan, finalizaron los polos de Zaragoza (1969), Valladolid y Sevilla (1970), que fueron sustituidos por los de Granada, Córdoba y Oviedo. Al concebirse el III Plan (1972-1975), se tomó como básica la idea de «vertebrar el territorio» y globalizar las acciones de forma que afectasen al conjunto de la región correspondiente. Al mismo tiempo, se abría camino la idea de configurar las grandes ciudades y sus respectivas comarcas como áreas metropolitanas y de definir zonas de preferente instalación industrial.
Un decreto de 14 de marzo de 1968 situó al INI bajo la dependencia del Ministerio de Industria, lo cual corroboró su marginación respecto de los propósitos industrializadores que se confiarían a los planes de desarrollo.
El 7 de julio de 1965 entraron en el Gobierno figuras a las que se estimó de estilo tecnocrático y en el año siguiente, se legisló para combatir la inflación creciente, disponiendo la que se llamó «pequeña estabilización». El 21 de septiembre de 1967 es nombrado vicepresidente del gobierno el almirante Luís Carrero Blanco y en noviembre se establece la nueva paridad de 70 pesetas por dólar. El decreto-ley de ordenación económica de 27 de noviembre de 1967 impuso una serie de restricciones al quehacer económico para moderar la subida de precios.
Desde 1963 había estado activándose en foros internacionales la reivindicación española de Gibraltar y en julio de 1967, España cerró la frontera con el Peñón. En el mismo año, el gobierno concedió mayor libertad religiosa a las confesiones no católicas. El 14 de diciembre de 1966 se había aprobado por referéndum la Ley Orgánica del Estado que daba disposiciones sobre la designación del presidente del gobierno, la composición de las cortes, del consejo del reino y las elecciones de sus miembros. En 22 de julio de 1969 fue proclamado sucesor en la jefatura del estado el príncipe don Juan Carlos. En 1971 se promulgó la ley de crédito oficial y el Banco Mundial emitió un informe severo acerca de la marcha de la economía española. En el mismo año se experimentó la máxima baja el aumento del producto nacional bruto que descendió hasta 4'5, para volver en 1972 a niveles del 7'8 y en 1974 del 6'5, en gran parte favorecidos por la coyuntura de alza general en Occidente. En 1973, en cambio, se registró la subida del petróleo por los países productores y la balanza de pagos pasó de tener un superávit de 560 millones de dólares a un déficit de 3000 millones, con disminución de quinientos en las reservas, sólo en 1974.
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